Procesos de Responsabilidad Médica

Los procesos de responsabilidad médica tienen como objetivo determinar si existió negligencia, impericia o imprudencia en la atención sanitaria que haya causado un daño a la salud o a la vida de una persona. Se trata de un tipo de responsabilidad compleja, que combina aspectos jurídicos, técnicos y éticos, y que requiere un análisis detallado de la conducta profesional y sus consecuencias.

En Uruguay, este tipo de acciones se rige por el Código Civil, el Código General del Proceso (CGP) y la Ley N.º 18.335 (Derechos y Obligaciones de los Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud), entre otras normas complementarias.

Naturaleza y fundamento jurídico

La responsabilidad médica puede presentarse bajo tres formas principales:

-Responsabilidad civil contractual: cuando existe un vínculo jurídico previo entre paciente y profesional o institución (por ejemplo, un contrato de asistencia médica o cobertura mutual).

-Responsabilidad civil extracontractual: cuando el daño se produce sin existir contrato, pero como consecuencia directa de una acción u omisión culposa del médico.

-Responsabilidad penal: cuando la conducta del profesional constituye un delito, como lesiones gravísimas culposas o incluso homicidio culposo.

En todos los casos, el paciente o sus familiares deben demostrar que hubo daño, relación causal y culpa médica, siendo esta última evaluada conforme al nivel de diligencia esperable de un profesional prudente y competente.

Derechos del paciente y obligaciones del profesional

El marco jurídico uruguayo reconoce el derecho del paciente a recibir información completa, veraz y comprensible sobre su estado de salud, tratamientos, riesgos y alternativas terapéuticas. Asimismo, impone al médico la obligación de documentar adecuadamente la historia clínica, que constituye una de las principales pruebas en estos procesos.

La Ley N.º 18.335 también establece derechos fundamentales, como:

-El consentimiento informado.

-La confidencialidad de los datos.

-El acceso al expediente clínico.

-La atención digna y sin discriminación.

El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.

Etapas del proceso

Etapa previa o extrajudicial: suele iniciarse con una reclamación formal ante el prestador de salud, buscando una solución directa o una mediación voluntaria.

Etapa judicial: si no hay acuerdo, se presenta demanda de daños y perjuicios ante el juzgado letrado civil competente. El proceso incluye la presentación de pruebas documentales, testigos y especialmente pericias médicas, que son fundamentales para establecer la existencia o no de culpa profesional.

Sentencia y reparación: si se acredita responsabilidad, el juez puede condenar al profesional o a la institución al pago de una indemnización por daño material, moral o emergente, además de ordenar otras medidas correctivas. Cabe tener en cuenta que podríamos ir contra ambas partes, si así lo entendemos.

En los casos más graves, cuando la conducta configura delito, puede promoverse acción penal paralela o posterior.

Importancia de la prueba pericial

La pericia médica es la prueba clave en este tipo de procesos. Debe ser realizada por profesionales independientes, designados por el tribunal o por acuerdo de partes. El juez evalúa su contenido junto con el resto de la evidencia (historia clínica, protocolos, informes y testimonios).

En ausencia de pericia convincente, los tribunales suelen aplicar el principio de favor probationis en beneficio del paciente, dada su posición de desventaja técnica frente al sistema de salud.

Asesoramiento y defensa especializada

Los procesos de responsabilidad médica exigen un conocimiento jurídico y técnico especializado, tanto en materia probatoria como en la interpretación de las normas sanitarias.

En nuestro estudio jurídico, asesoramos a pacientes, familiares y profesionales de la salud, brindando una defensa eficaz y transparente en cada etapa del procedimiento. Analizamos la historia clínica, coordinamos pericias, y evaluamos la viabilidad de cada reclamo o defensa con rigor técnico y absoluto respeto por la verdad jurídica y médica.

Nuestra prioridad es garantizar que los derechos sean resguardados y que la justicia se aplique con equilibrio, sin prejuzgar ni a pacientes ni a profesionales, sino buscando siempre una resolución justa, seria y fundada en la evidencia.