Los guardianes del mar: soberanía, recursos y futuro bajo la CONVEMAR
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En las últimas horas, la polémica entre el Gobierno uruguayo y el astillero español Cardama volvió a poner sobre la mesa un tema que suele pasar inadvertido: la importancia de contar con barcos para ejercer soberanía sobre nuestro mar.
El conflicto —originado en el contrato por la construcción de dos patrullas oceánicas destinadas a la Armada Nacional— se transformó en un símbolo de algo más profundo: la relación entre la política, la defensa y la gestión de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur.
Y frente a este debate, vale la pena detenerse y repasar los conceptos básicos que sustentan el derecho del mar y explican por qué una flota moderna no es un lujo ni una bandera partidaria, sino una necesidad nacional.
El mar ha sido, desde siempre, una frontera viva. Un espacio donde la soberanía de los Estados se encuentra con la libertad de todos, donde los barcos trazan rutas invisibles que conectan al mundo. Pero también es un escenario complejo, lleno de desafíos, donde la protección y el control resultan tan importantes como la exploración y el comercio.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) —el gran “tratado de los océanos”— busca justamente equilibrar estos dos mundos: el del derecho soberano de los Estados y el de la libertad internacional de navegación. A través de este marco, la humanidad logró poner orden en un territorio inmenso que durante siglos fue considerado “sin dueño”.
El mapa invisible del océano
Desde la CONVEMAR, se establecen 5 zonas, otorgandole a cada una de ellas un rol distinto, tanto en lo jurídico como en lo ambiental:
-Aguas interiores: son las que se encuentran tierra adentro de la línea de base. El Estado ejerce en ellas soberanía plena, igual que en su territorio terrestre. Puertos, bahías y ríos navegables están bajo su control total.
-Mar territorial: se extiende hasta 12 millas náuticas desde la costa. Aquí también hay soberanía completa, pero se permite el paso inocente de barcos extranjeros, siempre que no afecten la paz o la seguridad.
-Zona contigua: llega hasta las 24 millas náuticas. El Estado puede ejercer control limitado para prevenir infracciones aduaneras, migratorias o sanitarias. Es, en cierto modo, una franja de vigilancia.
-Zona económica exclusiva (ZEE): Constituye el verdadero tesoro del mar moderno. Aquí el Estado tiene derechos exclusivos para explorar, explotar y conservar los recursos naturales, tanto vivos como minerales o energéticos.
-Alta mar: todo lo que queda más allá de las 200 millas pertenece al dominio común de la humanidad. Es el espacio de la libertad de navegación, pero también de la responsabilidad compartida frente a delitos, contaminación y sobreexplotación.
Ahora centremonos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que llega hasta las 200 millas náuticas, y que representa el corazón de la soberanía moderna. Allí el Estado uruguayo tiene derechos exclusivos de exploración, explotación y conservación de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos. En esa franja se decide buena parte del futuro económico de un país: pesca, hidrocarburos, energía eólica marina, minerales estratégicos y biotecnología.
Más allá de ese límite comienza la alta mar, un espacio común donde rigen las libertades de navegación y cooperación internacional. Pero esa libertad exige responsabilidad: la comunidad internacional está obligada a prevenir la contaminación, la sobrepesca y los delitos transnacionales.
Los barcos: los ojos y el pulso del Estado
Sin barcos, la soberanía marítima se convierte en un ideal abstracto. Son ellos los que patrullan, controlan, rescatan, vigilan y, sobre todo, defienden lo que no se ve desde tierra firme. Las patrullas oceánicas, los buques de investigación y las naves de apoyo científico no son un lujo: son la herramienta fundamental para ejercer presencia efectiva en el mar.
Cada incursión no autorizada, cada barco pesquero extranjero en zona exclusiva, cada intento de tráfico o contaminación solo puede ser detectado si existe una flota operativa, equipada y activa. La vigilancia satelital ayuda, pero la presencia física sigue siendo insustituible.
Por eso, la inversión en buques patrulleros y tecnología naval no debería verse como un gasto, sino como una inversión en soberanía. Uruguay, con su extensa ZEE y su ubicación estratégica en el Atlántico Sur, necesita tener una presencia constante. Sin ella, los recursos naturales —muchos de ellos aún inexplorados— quedan a merced de terceros.
Una polémica que toca la soberanía
En las últimas horas, la discusión sobre esta necesidad tomó fuerza tras la denuncia civil y penal presentada por el gobierno uruguayo contra el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas destinadas justamente al “cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.
El conflicto surge porque el astillero, que debía presentar una garantía de fiel cumplimiento dentro de los 45 días del contrato firmado en diciembre de 2023, habría incumplido los plazos y solicitado prórrogas sucesivas. Ante esto, el Ejecutivo resolvió llevar el tema a la Fiscalía.
Sin embargo, desde Cardama aseguran que no hubo incumplimiento alguno, que las garantías fueron aceptadas por los propios asesores del gobierno uruguayo y que el contrato sigue vigente, con el 60% de la construcción del primer barco ya avanzada y el 90% de los materiales comprados. El empresario incluso manifestó su sorpresa por la decisión del nuevo gobierno, afirmando que nunca fue notificado formalmente de irregularidades y que mantiene voluntad de diálogo para continuar el proyecto.
Por eso, más que judicializar un proceso, lo urgente es asegurar que los barcos lleguen al mar y cumplan su función. La soberanía no se defiende desde un escritorio: se defiende navegando.
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