¿Te negaron una pensión o una jubilación? Porque son algunos de los actos administrativos definitivos que podes recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)

En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo —el  TCA— es el órgano encargado de controlar que los actos de la Administración Pública se ajusten al Derecho. Su función nace directamente de la Constitución, en los artículos 309 a 319, y tiene una misión clara: proteger al ciudadano cuando el Estado actúa de forma arbitraria o contraria a la ley.

Ahora bien, ¿en qué casos podés acudir al TCA? La Constitución es muy precisa. Según el artículo 309, el Tribunal conoce de las demandas de nulidad contra actos administrativos definitivos cumplidos por la Administración en ejercicio de sus funciones, cuando son contrarios a una regla de derecho o implican desviación de poder. En criollo: cuando una decisión del Estado te perjudica, vulnera tus derechos o se dictó sin respetar la legalidad.

Por ejemplo, si el BPS te deniega una pensión por incapacidad que te corresponde, o te rechaza una jubilación anticipada sin fundamentación válida, estás ante un acto administrativo definitivo que puede impugnarse. Lo mismo sucede si un ente autónomo, un ministerio, o incluso un gobierno departamental dicta una resolución que te afecta de forma directa e injusta.

Eso sí: no podés correr al TCA de entrada. El artículo 319 de la Constitución exige que primero agotes la vía administrativa, es decir, que interpongas los recursos que correspondan dentro del propio organismo. Solo si esos recursos fueron rechazados o si la administración no respondió en el plazo legal (lo que se llama denegatoria ficta), podés ir al TCA a pedir la nulidad del acto. Si no hacés ese paso previo, la acción es inadmisible.

Una vez agotada la vía administrativa, el plazo para demandar es breve: sesenta días desde la notificación de la resolución definitiva o desde que se configuró la denegatoria ficta. Pasado ese tiempo, el derecho a accionar caduca, y el acto queda firme aunque sea ilegal.

Cuando el TCA recibe la demanda, no revisa los hechos como lo haría un juez civil, sino que se limita a analizar el acto en sí mismo, verificando si respeta o no el derecho. No puede modificarlo ni sustituirlo, solo confirmarlo o anularlo, conforme al artículo 310.

Y acá hay un matiz importante: si el Tribunal declara la nulidad porque el acto lesionó un derecho subjetivo (como tu pensión o tu salario), la sentencia solo te beneficia a vos, el demandante. Pero si la nulidad se declara en interés de la regla de derecho o de la buena administración, el fallo tiene efectos generales y absolutos, beneficiando a todos los posibles afectados. 

La Constitución también permite, en el artículo 312, que quien fue perjudicado por un acto ilegal elija entre pedir su anulación o demandar directamente una reparación económica por los daños sufridos. Si elige la anulación y gana, luego puede reclamar la reparación; pero si elige primero la reparación, ya no puede volver atrás a pedir la nulidad.

En definitiva, el TCA se transforma en la gran herramienta del ciudadano frente al poder del Estado. No importa si el acto viene del BPS, del Ministerio de Trabajo, la DGI, de un Gobierno Departamental o de un Ente Autónomo: si se trata de una decisión definitiva que te afecta y vulnera el derecho, podés acudir al Tribunal.

Preguntas frecuentes

¿Puedo ir al TCA si el BPS me niega una pensión por incapacidad?
Sí, pero antes tenés que agotar los recursos administrativos ante el propio BPS. Si te rechazan o no te contestan en el plazo legal, podés demandar ante el TCA.

¿Y si se trata de una sanción injusta de un organismo público?
También. Toda sanción definitiva puede impugnarse si viola tus derechos o fue dictada sin base legal.

¿Qué pasa si la administración nunca responde?
Cuando no hay respuesta en el plazo legal, se configura una denegatoria ficta, y podés accionar como si el acto hubiera sido negativo.

¿El TCA puede darme la razón y modificar la decisión?
No, el Tribunal solo confirma o anula el acto. Si lo anula, el organismo debe dictar uno nuevo ajustado a derecho.

¿Y si quiero una indemnización por el daño causado?
Podés hacerlo, pero en sede judicial común, una vez que el TCA haya declarado la nulidad o que tres votos conformes la consideren suficientemente justificada.

Actualmente, las reglas del procedimiento se encuentran reguladas por la Ley N.º 20.333, que aprobó el Nuevo Código del Contencioso Administrativo. Este proceso difiere del sistema judicial ordinario, ya que se desarrolla ante un órgano especializado de contralor, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que como exprese anteriormente es el encargado de garantizar la legalidad de los actos administrativos y proteger los derechos de los particulares frente a la Administración Pública.